Las fuerzas antidemocráticas del estado español contra la libertad de expresión en las redes sociales

por Kaos. Represión y criminalización

Jueves, 15 de Mayo de 2014

El Gran Inquisidor te vigila... El Gran Inquisidor te vigila…

Desatada campaña de criminalización contra usuarios de las redes sociales con el objetivo de recortar, una vez más, los derechos y libertades fundamentales, cambiándolos por represión. Los totalitarios, siempre dispuestos a ello, han visto en el asesinato de Isabel Carrasco una oportunidad de oro…

El Gobierno estudiará cómo “poner coto” a la libertad de expresión en las redes sociales

Agencias/Kaosenlared

Justicia e Interior trabajan a raíz de los comentarios publicados en los últimos días en relación al asesinato de Isabel Carrasco. La matan dos militantes del PP y el gobierno aprovecha para perseguir, reprimir y recortar libertades a la izquierda. Lo propio de cualquier gobierno totalitario, claro está. Y acompañado, como no podía ser de otra manera, por sus esbirros en la caverna mediática.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado hoy que su departamento y el Ministerio de Justicia van a estudiar conjuntamente cómo “poner coto” a la libertad de expresión en las redes sociales. El Gran Inquisidor, miembro del OPUS, Fernández Díaz, suma así a Gallardón a su campaña totalitaria y censora contra la libertad de expresión en las redes sociales. Lo paradójico del asunto es, como ya es conocido, que todo esto viene en relación al asesinato de una política del PP, partido al que pertenecen ambos Ministerios de la inquisición, a manos de, supuestamente, dos militantes del propio Partido Popular.

La matan ellos, la derecha, y el gobierno, en cambio, centra su estrategia en reprimir y perseguir en las redes sociales a quienes, desde la izquierda, no comulgan con el pensamiento único que estos señores nacional-católicos pretende implantar mediante el uso de todos los elementos represivos, policiales, judiciales y, en fin, al estado mismo, para la defensa de sus propios intereses ideológicos, políticos y personales.

Por supuesto, el gobierno cuenta con el apoyo de sus esbirros en la caverna mediática, quienes, a las órdenes de la estrategia represiva diseñada desde Moncloa, no han tardado en salir a pedir el recorte de tales derechos y libertades fundamentales, mezclando demagógicamente el uso de la libertad de expresión en las redes sociales con el terrorismo y otros asuntos similares, tal y como ayer mismo hiciera el Ministro al comparar los mensajes de estos días en relación al asesinato de Carrasco con el “yihadismo”. Una prueba evidente es la portada de hoy del diario ABC.

Todo ello, además, poco más de una semana después de que se llevase a cabo la conocida como “Operación Araña”, en la que estas mismas fuerzas antidemocráticas del estado ya consiguieron generar todo un espectáculo mediático con la detención y procesamiento judicial de más de 20 personas, acusadas de “enaltecimiento del terrorismos”, “humillación a las víctimas”, y otros supuestos delitos similares, mientras no han movido, ni moverán, un solo dedo para actuar contra aquellos que llaman a pegarle “seis tiros en la cabeza a Sánchez Gordillo”, amenazan de muerte casi a diario a Willy Toledo o Pilar Manjón, llenan las redes con mensajes que hacen apología del asesinato de migrantes o del exterminio, que piden fusilar a los participantes en las marchas del 22-M, humillan sistemáticamente a las víctimas del franquismo o tantas otras cosas del estilo.

Porque no, el fondo de todo esto no es judicial, no. No es judicial, sino político, y no es penal, sino ideológico. No se trata de controlar las redes sociales, sino de reprimir la disidencia política y, en la medida de los posible, tomar al asalto el control de las redes sociales, uno de los pocos espacios de comunicación de masas que no está hoy en día plenamente a su servicio ideológico y de clase. Eso es muy peligroso para ellos, no pueden permitirlo. Y no hablamos, claro, del PP, sino de los poderes fácticos que gobiernan el estado en la sombra (banqueros, grandes empresarios y otros capitalistas del estilo), para los cuales el PP sirve de simple manijero y gestor de sus intereses, como también lo hacen el PSOE, CiU, UPyD, y tantos otros. Además de, por supuesto, toda la inmensidad de medios en radio, televisión, prensa escrita e internet que controlan al 100%. La libertad de expresión no puede ser otra que la libertad del dueño de la imprenta, ya se sabe.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, pues, Fernández Díaz se refería así al debate abierto tras los comentarios insultantes publicados en los últimos días en las redes sociales a raíz del asesinato de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y ha avanzado que estudiarán instrumentos legales “adicionales” para perseguir esos delitos.

Fernández Díaz ha considerado que ese tipo de conductas que incitan al odio y a la comisión del delito “son susceptibles de ser consideradas como tales” y deben ser perseguidas, por lo que no descarta reforzar la ley para ello si es necesario.

“Si los instrumentos legales actuales no son suficientes, vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales que permitan hacer compatible la libertad de expresión y el derecho a la información con el derecho a los ciudadanos a la intimidad, el honor y a su seguridad”, ha recalcado.

Fernández Díaz no tiene constancia de si la Fiscalía ha abierto una investigación sobre esta actuación en las redes sociales, aunque ha recordado la reciente operación dirigida por la Audiencia Nacional que llevó a la detención de 21 personas por apología del terrorismo y humillación a las víctimas. “No es la primera vez que hemos actuado ni va a ser la última que actuemos”, ha advertido.

El titular de Interior ha dejado claro que quien establece los límites de lo que es delito son las autoridades judiciales, pero sí considera que debe abrirse una reflexión frente a actitudes que, a su juicio, deben tener un “reproche penal” o administrativo, al igual que lo tienen la incitación al odio, la violencia o xenofobia en el deporte.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el ciberdelito y la cibercriminalidad es uno de los mayores retos y amenazas a los que hay que hacer frente y tienen también esa proyección, en la que “bajo el antifaz” o el disfraz del anonimato que dan las redes sociales, se hacen comentarios peligrosos que incitan al odio y a la comisión de delitos y pueden traer después “consecuencias drásticas para todos”.

Así, ha lamentado, se ha visto en el caso del asesinato de Carrasco, en el que “cuando todavía estaba el cadáver en el suelo” ya había comentarios en las redes que producen “repugnancia” y un rechazo absoluto. Una situación que, según el ministro, debe llevar a actuar con responsabilidad, ya que “es mejor prevenir que curar”.

El ministro de Interior insiste en anunciar “instrumentos legales adicionales” para evitar “la apología del delito” en las redes sociales

 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció hoy que su departamento, conjuntamente con el de Justicia, estudia “instrumentos legales adicionales” para perseguir las conductas que “hacen apología del delito y del odio”.

Fernández Díaz se expresó en estos términos en los pasillos del Congreso de los Diputados, preguntado por si el Gobierno cambiará la normativa que regula los comentarios en las redes sociales después de que se publicaran textos ofensivos por el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco.

“Esas conductas si hacen apología del delito y del odio deben ser perseguidas y nosotros las vamos a perseguir. Y si los instrumentos legales actuales no son suficientes, vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales”, avanzó.

El ministro del Interior adelantó que el Ministerio del Interior y el de Justicia van a “trabajar conjuntamente” para ver que “en el marco de nuestro Estado de Derecho, como es evidente sin limitar la libertad de expresión, qué se puede hacer para poner coto a esta situación”. Fernández Díaz denunció, además, que esos comentarios en la medida que hacen apología del delito e incitan al odio, “después pueden traer consecuencias trágicas para todos y más vale en estos casos prevenir que curar”. “Nos conviene a todos”, dijo.

El ministro del Interior, que reconoció que no le “consta” que la Fiscalía haya abierto diligencias, insistió en que ordenó a la Policía que “abra una investigación” en este sentido y recordó que la Guardia Civil detuvo a 21 personas que en las redes sociales estaban haciendo apología del terrorismo de ETA y humillando a las víctimas.
“No es la primera vez que hemos actuado ni va a ser la última que actuemos”, advirtió Fernández Díaz para incidir en que “la última palabra la tiene la autoridad judicial”, pero asegurar que la Policía tiene la labor de perseguir de oficio conductas que sean delictivas.
Reto

Fernández Díaz reconoció que el ciberdelito y la cibercriminalidad, en sus diferentes manifestaciones, es “uno de los mayores retos y de las mayores amenazas” a las que el Gobierno tiene que “hacer frente” por el desarrollo de las nuevas tecnologías y comunicaciones. Denunció que la apología del delito y la incitación al odio es “una conducta que debe ser rechazada” y “debe tener un reproche penal y administrativo”, recordó que ya hay una ley contra la violencia y xenofobia en el deporte.

Con todo, el titular de Interior puso en valor que esos comentarios ofensivos en las redes sociales relacionados con el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, han producido “un rechazo y una repugnancia absoluta” a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

“Cuando estaba todavía el cadáver de Carrasco en el suelo, sin haber sido levantado, ya se estaban produciendo comentarios que producen una repugnancia que más allá del primer sentimiento de rechazo nos incitan a pensar que debemos actuar con responsabilidad”, aseguró.

Por lo que hay que alcanzar un “equilibrio necesario en las redes sociales entre libertad y seguridad”. Añadió que “si no hay seguridad, difícilmente habrá libertad” y dijo que esto no es sólo válido para las calles o la circulación vial, sino también parta internet.

http://www.infobierzo.com/el-ministro-de-interior-insiste-en-anunciar-instrumentos-legales-adicionales-para-evitar-la-apologia-del-delito-en-las-redes-sociales/91393/

Asociaciones judiciales a Interior: “Solo un estado autoritario equipara mala educación y delito”

El ministro del Interior ha planteado endurecer la ley para perseguir comentarios en redes sociales como las críticas a Isabel Carrasco tras su muerte

La asociación Francisco de Vitoria dice que “cercenar la libertad de expresión” para evitar que se produzcan estos comentarios es propio “de China y de dictaduras”

Jueces para la Democracia: “Crear un nuevo delito de incitación al odio sería una acción punitiva expansiva, excesiva y desproporcionada”

Los comentarios vertidos en las redes sociales tras la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, se han convertido en el objetivo del Gobierno, que pretende perseguir judicialmente a sus autores. Consciente de que la Fiscalía no puede actuar de oficio dado que las injurias contra Carrasco solo podría denunciarlas penalmente la fallecida, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que estudiará, junto con Alberto Ruiz Gallardón, cómo evitar esos actos de “incitación al odio”. La propia Policía reconoció en un tuit de junio de 2011 que comentarios como “ojalá se muera” no constituyen un delito.

Las palabras de Fernández Díaz, que han sido secundadas por otros dirigentes del PP, no convence a las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia, que insisten en que los comentarios “vejatorios, injuriosos o calumniosos” que se han vertido en las redes sociales sobre la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, tras su muerte no se pueden perseguir penalmente ya que ese tipo delitos “son perseguibles de parte”, es decir, que debe ser el “agraviado” quien los denuncie, una circunstancia que no se puede producir porque ya ha fallecido. En el caso de sus herederos, podrían recurrir a la “vía civil para preservar su derecho al honor”, según el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.

En cuanto a la propuesta del ministro de modificar la ley para ampliar la persecución judicial de este tipo de comentarios, la asociación Francisco de Vitoria advierte de que hay que “tener precaución” para no poner coto a la libertad de expresión por regular “en caliente”. Marcelino Sexmero encuentra en las palabras del ministro “una disculpa del Gobierno para aprovechar este caso para cercenar la libertad de expresión”. “ Límites de este tipo, para evitar que se produzcan estas expresiones, solo existen en China y en dictaduras -expresa Sexmero-. En democracias se pueden perseguir a posteriori tras demanda del ofendido”.

Jueces para la Democracia piensa, igualmente, que “solo un estado autoritario puede equiparar mala educación y delito”. El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, considera que la sugerencia de Fernández Díaz de crear un nuevo delito “de incitación al odio” sería “ una acción punitiva expansiva, excesiva y desproporcionada“. Al igual que su homólogo, Bosch recuerda que el Código Penal ya incluye los delitos que vulneran el derecho al honor, como las injurias o las calumnias, y explica que “ir más allá” sería “desproporcionado”.

“Intento de criminalización de un cierto sector”

El catedrático de Comunicación Víctor Sampedro considera que se trata de “una maniobra de distracción sesgada”. “Se intenta derivar la investigación del crimen hacia una de delitos de opinión”, expresa el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.

“El odio y la violencia en la red se viene manifestando desde 2004 –sostiene Sampedro–, cuando a raíz de los atentados del 11M Pilar Manjón empieza a sufrir insultos y acoso por mantener una postura crítica con la versión oficial”. Que ahora el gobierno quiera legislar sobre este tema responde, según el catedrático, a un “intento de criminalización de cierto sector que se expresa a través de las redes sociales”.

Para el profesor, la voluntad de legislar en la red debería centrarse “en la protección de la privacidad de datos y metadatos de los usuarios” ante terceros, como agentes empresariales o gubernamentales. Este “falso debate”, según Sampedro, “no coopera a la resolución judicial del caso ni al debate público sobre los temas relevantes de campaña”. “Es la muestra de la persistencia del discurso victimista del PP frente a la ola de contestación social”, concluye.

http://www.eldiario.es/politica/asociaciones-judiciales_0_260374279.html

ABC: Twitter y la serpiente

El diario incorpora una serpiente a la arroba de Twitter en su imagen de portada

En su editorial, exige un cambio legislativo urgente si las actuales normas no permiten combatir los “comentarios ofensivos” en la red

Portada ABC

Portada ABC

ABC da este jueves un nuevo salto en su campaña contra los “comentarios ofensivos” en las redes sociales a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. En su portada, el periódico dirigido por Bieito Rubido incorpora una serpiente (elemento también presente en el anagrama de ETA) a la ‘arroba’ con la que se identifca a los usuarios de Twitter para ilustrar el titular “El odio envenena las redes sociales”. De hecho, esta información relega a un segundo plano las noticias relativas al crimen, como la confesión de la asesina.

En un editorial titulado “Delitos a través de la red”, ABC considera que en los “comentarios ofensivos” amparados por el anonimato de las redes se “refleja el daño causado por actitudes antipolíticas que justifican acciones violentas”. El diario de Vocento considera “muy acertada” la instrucción del Ministerio del Interior “para perseguir con todos los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico”.

En caso de que esos “instrumentos” no sean suficientes para perseguir y castigar a los autores de los comentarios, ABC considera que “es urgente cambiar la legislación”. De hecho, el rotativo señala que “si hay dificultades insalvables para precisar con certeza la autoría de estos hechos inaceptables, debería establecerse la responsabilidad subsidiaria de los proveedores de servicios”, es decir, empresas como Twitter o las operadoras.

http://www.eldiario.es/lacrispacion/ABC-Twitter-serpiente_6_260433956.html

Pescando en Twitter

El ministro del Interior sale de pesca en Twitter.

Nos hemos enterado de que la Policía y la Guardia Civil, siguiendo instrucciones del ministro del Interior, están investigando en Twitter a usuarios que habrían enviado tuits presuntamente ofensivos en relación a la muerte violenta de Isabel Carrasco, causada presuntamente por dos militantes del propio Partido Popular.

Muchas son las sorpresas que nos provoca este anuncio y algunas reflexiones más.

En primer lugar, según la información proporcionada por Interior, se estaría buscando “apología de delitos”. En nuestro ordenamiento jurídico está absolutamente prohibida la investigación prospectiva consistente en ir de cacería o pescar, a ver qué se encuentra, sin concretar el hecho criminal que se pretende encontrar. Esto es una reminiscencia del pasado franquista, supuestamente superado, pues en ese régimen dictatorial se perseguía la “ peligrosidad social“, para prevenir el delito. Esto es, se buscaba e investigaba a las personas para ver qué hacían y prevenir algún peligro. Es lo que se ha venido a denominar Derecho penal del autor, en su vertiente de Derecho penal del enemigo.

En segundo lugar, habrá que aclarar que la apología, como forma de provocación directa del delito, sólo se castigará cuando el delito concreto lo contemple; es decir, la injuria mediante publicidad no prevé la apología, como tampoco lo prevé el delito contra la libertad sexual o el delito de violencia contra la mujer, por ejemplo. Sí viene incluida en el delito de terrorismo, pero se nos parece algo disparatado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado anden cazando este delito, por cuanto no consta el mínimo atisbo de su existencia, a priori.

En tercer lugar, sin perder de vista la sentencia condenatoria de un usuario de Twiter que conformó su pena por la comisión de un delito de injurias en el que Cristina Cifuentes era la víctima, no iríamos desencaminados al pensar que éste es el delito que se busca o se pretende pescar, habida cuenta este precedente.

Otro precedente importante es la llamada Operación Araña, que persiguió la detención de 17 personas y fue ordenada por un juez de la Audiencia Nacional.

Pues bien, para investigar el delito de injurias y de calumnias con publicidad, es requisito sine qua non que el ofendido o su representante legal presente querella; no es lícito, por tanto, investigar de oficio este tipo de conducta, considerada como delito privado. En el caso de Isabel Carrasco nadie más que ella, lamentablemente fallecida, tendría la legitimación activa para perseguir a quien le haya ofendido.

En cuarto lugar, tampoco habrá que olvidar que el artículo 212 del Código Penal establece que en los delitos de injurias y calumnias hechos con publicidad, “ será responsable civil la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia y la injuria“. Por tanto, en este caso concreto, habría que sentar en el banquillo de los acusados a Twitter para que responda civilmente por los presuntos delitos pescados en esta prospectiva investigación y no creemos que el ministro del Interior tenga esa intención, al menos no de cara a hacer el ridículo a nivel internacional.

Pero, entonces, ¿qué se está buscando realmente con claro olvido de lo dispuesto en nuestra legislación? ¿Este acto pesquero es tan azaroso y alocado como parece mostrarse? Nos vamos acercando a la quinta conclusión.

Así, en quinto lugar, el artículo 39 de la Ley de Telecomunicaciones desarrolla cómo habrá de hacerse toda interceptación telemática y, desde luego, se hará con absoluto respeto a los derechos fundamentales: el derecho al secreto de las comunicaciones, a la intimidad, a la libertad de expresión… Por ello, legal y jurisprudencialmente sólo estará permitido la indagación para conseguir la identidad de un usuario, IP y otros datos asociados, en caso de posible comisión de delitos graves.

¿Las injurias y las calumnias son delitos graves? Me atrevería a responder (con mucho miedo a una inminente reforma legal) que no solo no son delitos graves sino que por su carácter privado ni siquiera afectan a un bien jurídico que implique un interés general o público.

Con todas estos impedimentos legales a la actividad prospectiva por la red, ordenada por Interior, sólo se nos ocurre que la búsqueda no es otra que la creación de un fichero mediante una investigación general a fin de pescar a miles y miles de usuarios. ¿Les suena?

Y el último objetivo no sería otro que allanar el camino para la obtención de una legitimidad social con el fin de censurar Twiter. En Turquía lo hicieron y el Tribunal Supremo de dicho país anuló tal medida por ilegal… pero claro, eso solo pasa en Turquía.

Obviamente, la reacción del Ministerio del Interior no se corresponde ni con lo sucedido ni con la actividad generada en las redes sociales; la celeridad y brutalidad de la respuesta más se corresponde con un plan preconcebido mediante el cual se pueda actuar en contra de aquel sitio común que la disidencia está utilizando para expresar su malestar con el Gobierno y las autoridades, es decir las redes sociales.

La decisión de Interior de investigar de forma masiva las opiniones que se han vertido en las redes sociales a raíz del asesinato de Isabel Carrasco no es más que otra demostración de un talante menos que democrático y muy acorde con las raíces fundacionales del actual partido de gobierno; reprimir la opinión no es investigar un delito sino coartar unos derechos fundamentales.

En resumidas cuentas, un hecho luctuoso, cuya etiología es de carácter eminentemente privado, no puede ni debe servir de excusa para un recorte de libertades impropio de lo que debería ser un Estado democrático y de Derecho.

http://www.eldiario.es/contrapoder/Pescando-Twitter_6_259734059.html

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