¿Qué decidió la CPI en su informe preliminar sobre Honduras?

26 marzo, 2013

Por Verenice Bengtsson*

Finalmente la fiscalía de la Corte Penal Internacional emitió el informe preliminar relacionado a los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del golpe de Estado en Honduras. El informe indica que se han recibido y analizado 17 comunicaciones relacionadas a dichos crímenes. La resolución es positiva si se toma en cuenta que aun cuando la CPI concluye que no ha tomado una decisión final, menciona que el caso de Honduras continúa en evaluación y abierto a recibir mayor información sobre los hechos acontecidos, debido a que según su valoración existe una base razonable para creer que los crímenes fueron cometidos como parte de un ataque sistemático contra determinada población civil de conformidad con al artículo 7 del Estatuto de Roma. Según la fiscalía,  existen argumentos que apoyan y contradicen los hallazgos relativos a crímenes de lesa humanidad contenidos en dicho artículo y por tal razón el caso de Honduras es calificado como en el «límite» de la evaluación preliminar.

Sin embargo, tomando en cuenta el seguimiento dado a la situación de Honduras desde que se ejecutara el golpe, así como de las constantes denuncias por asesinatos y otros crímenes cometidos contra líderes y familiares de líderes políticos de la oposición, periodistas, campesinado y defensores de derechos humanos que siguen sucediendo, considero que el informe es muy escueto y al parecer no cuenta con todas las fuentes de información que le permitan valorar la situación de Honduras en su dimensión real.  Veamos por qué.

Primero, la principal fuente de información de la que la CPI hace uso es el reporte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (mencionada en el informe como TRC por sus siglas en inglés) y nombrada por el gobierno que surge de las elecciones controladas por el gobierno de facto que ejecutó el golpe de Estado.  El número de víctimas que dicho informe menciona no coincide por ejemplo con los informes de la Comisión de Verdad, una comisión que ante la falta de credibilidad de la comisión gubernamental se creó paralelamente por organizaciones no gubernamentales, incluyendo entre sus miembros  a reconocidos Premios Nobel de la Paz y activistas internacionales de derechos humanos. La CPI solamente menciona que ha tenido conocimiento de dicho reporte pero no valora los resultados aportados por esta última comisión, según la cual, en el período ocurrido desde el golpe en junio de 2009 y hasta agosto de 2011, ha documentado 5,418 hechos violatorios de los derechos humanos. De estos el 60% ocurrieron durante el gobierno de facto comprendido entre junio a diciembre de 2009.

Tres ejemplos claros y breves de la escasa información con que al parecer cuenta la fiscalía son:

a) Basado en el informe de la TRC, el informe preliminar menciona únicamente 3 casos de tortura, mientras la Comisión de Verdad refiere a que en un solo día -12 de agosto de 2009- 24 personas fueron sometidas a actos de tortura durante un proceso de detención ilegal.

b) Basado en el informe de la TRC, la fiscalía menciona que de esos tres casos dos son  periodistas que fueron torturados, mientras la Comisión de la Verdad determina que a octubre de 2011 al menos 18 periodistas fueron asesinados en Honduras.

c) Con cierta imprecisión el informe preliminar menciona que 20 a 56 personas perdieron la vida de las cuales 20 casos fueron documentados por la TRC. Mientras tanto, la Comisión de Verdad recoge en su informe que 1,610 denuncias fueron documentadas por violaciones al derecho a la integridad personal  y 58 denuncias por violaciones al derecho a la vida.

También es de notar que si bien la fiscalía de la CPI menciona el cierre arbitrario de medios de comunicación que hicieron oposición al golpe, omite evaluación alguna sobre las campañas o apologías de odio que fuesen denunciadas, al ser promovidas por particulares desde los medios de comunicación ligados a la élite económica del país, contra quienes hicieron oposición al golpe de Estado. Tales campañas fueron ejecutadas, sirvieron de aliento y  aún continúan siendo utilizadas para desprestigiar, criminalizar y justificar la persecución policial y judicial contra la oposición política.

Es preciso que la CPI evalúe y no de forma aislada, el informe de la Comisión de Verdad, así como los de organismos y organizaciones internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso hacer uso de mecanismos que le permitan recoger los testimonios orales o escritos de las supuestas víctimas a fin de determinar la gravedad de la situación hondureña.

Por otro lado, limitar la actuación de la CPI a los hechos ocurridos durante el golpe y hasta enero de 2010 en que el gobierno actual tomó posesión del poder, implica la negación de que la situación de violencia que generó el golpe de Estado contra la población civil en resistencia, se agudizó y permanece vigente ante el nivel de impunidad. El espiral de violencia trascendió ese lapso debido a la tolerancia (nacional e internacional) al crimen. Por ejemplo, la impunidad no ha sido solo decretada mediante amnistías y sentencias de absolución a los militares responsables de ejecutar el golpe,  sino también por la inactividad estatal para procesar y en otros casos al sobreseer a autoridades involucradas en actos de represión y uso excesivo de fuerza militar y policial. Esto muestra que bajo el principio de complementariedad, la CPI no debería dilatar más su actuación.

Finalmente, ante dicho espiral, que actualmente y según la ONU coloca a Honduras como el país más violento del mundo,  es claro que la CPI debe asumir su cuota de responsabilidad sobre lo que sucede en Honduras, pues falló en su rol preventivo. Es momento de que ejerza su rol punitivo. Ese fue el mandato que recibió al ser creada y esa es la esperanza que guarda la ciudadanía hondureña frente a la histórica y perpetua impunidad que tiene a Honduras de frente a la peor crisis institucional y al borde de convertirse ante la paciencia de la comunidad internacional, en un Estado fallido.

_____________

*Verenice estudió Derecho en la  Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Derechos Humanos en  la Universidad de Lund, Suecia. Es Magister en Estudios Políticos Globales con especialización en Derechos Humanos por  la Universidad de Malmö, Suecia. Relativo a la CPI, se desempeñó como voluntaria impulsando la ratificación del Estatuto de Roma por parte del Estado hondureño, de forma decisiva y conjunta con la Coalición por la Corte Penal Internacional.

http://www.asuntosdelsur.org/que-decidio-la-cpi-en-su-informe-preliminar-sobre-honduras/

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