Valencia lidera la ofensiva del PP para desmantelar la escuela pública y potenciar la concertada

Treinta empresas optan en la Comunidad Valenciana a construir ocho colegios privados en suelo público para explotarlos durante 75 años por un pequeño canon
SALVADOR FAUS | 02/noviembre/2012
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La consejera de Educación de la Generalitat Valenciana, María José Català, lidera el frente común abierto por la mayoría de los consejeros del PP para presionar por el escaso apoyo a la enseñanza concertada que contempla el proyecto de reforma educativa que prepara el ministro Wert. Por contra, Català enfatiza el desmantelamiento de la educación pública en la Comunidad Valenciana hasta el punto que este curso la escuela concertada ha ganado 10.000 alumnos a costa de la pública, en donde aún 18.000 escolares estudian en más de 800 barracones.

Durante una tensa reunión que la pasada semana mantuvo el ministro Wert con los consejeros de Educación del PP en la sede madrileña de Génova, que se prolongó durante cuatro horas, la consejera valenciana de Educación recriminó al máximo responsable ministerial la tibieza con la que su proyecto de reforma educativa contempla el apoyo a la enseñanza concertada. María José Català contó en su ofensiva con el respaldo de los consejeros de Madrid y Galicia, promotores acérrimos de la política de construcción de centros concertados, disfrazada tras la consabida “libertad de elección de centro”, de la que el PP ha hecho su santo y seña. El malestar es patente entre muchos de los consejeros del PP por el ninguneo al que los ha tenido sometido Wert a cuenta de la reforma que planea, aunque públicamente se silencie.

Esperanza Aguirre como patrón
El modelo de cesión de suelo público para construir colegios concertados, impulsado en la última década por la ya expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, está a punto de implantarse en la Comunidad Valenciana. Pese a que el proyecto sufre casi dos años de retraso, la Generalitat Valenciana ultima la publicación de los pliegos de condiciones por las que se dará cobertura legal a la cesión de suelo a empresas privadas durante 75 años a cambio de un canon. Al parecer, unas treinta empresas líderes en el sector educativo y en el de la construcción están interesadas en los primeros ocho Centros de Iniciativa Social.

Se rompe el equilibrio
La política de desmantelamiento de la educación pública que lleva a cabo el PP ha roto este año el equilibrio entre la escuela pública y la concertada, que representaban un 70 y un 30 por ciento, respectivamente. Así, el curso escolar se inició con un incremento de más de 10.000 alumnos en centros concertados, reduciéndose así en un 1,3% el porcentaje de alumnos matriculados en colegios públicos. Otro claro ejemplo de la política de apoyo a la enseñanza privada en detrimento de la estatal se evidencia en que la Comunidad Valenciana es la única autonomía, con la excepción de Madrid, en la que la educación infantil y la de Bachillerato está concertada.

Para Vicente Mauri, portavoz del STEPV, el sindicato mayoritario en la enseñanza, la reducción de becas para libros de texto, la falta de una red gratuita de centros educativos infantiles o los recortes que la Generalitat viene realizando tienen como objetivo “el desvío de alumnos de la educación pública a la privada”. “Están utilizando la crisis -denuncia Mauri- como un pretexto para destrozar la educación pública; siempre hablan de libertad de elección de centros, pero esto resulta una mera excusa. Entienden la educación como un negocio privado. Si no, ¿por qué se niegan a levantar escuelas públicas en las zonas de interior o en el mundo rural?”.

Barberà no cede solares
Un ejemplo palmario de la ideología educativa que mueve al PP está en la capital del Turia, en donde figuran matriculados más alumnos en la escuela concertada que en la pública. Durante los veinte años de gobierno de la popular Rita Barberà, el ayuntamiento se ha negado sistemáticamente a la cesión de solares para la construcción de escuelas públicas. Por contra, con el respaldo de la Generalitat, se trasfiere suelo público para edificar colegios privados.

Revisión del PGOU
Dentro de esa política de favorecer la enseñanza privada, el Ayuntamiento de Valencia pretende abrir la puerta al cambio de uso de los colegios privados mediante una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988, en el que se se señalaban como equipamiento escolar público todos los colegios privados de la ciudad, que pasarán a ser equipamiento dotacional privado. Fue la corporación socialista de la época la que con la calificación de los centros privados como equipamiento escolar público quiso detener la especulación urbanística de algunos colegios que cerraban sus instalaciones en el centro de la ciudad y vendían sus valiosos solares para instalarse fuera del casco urbano, sobre terrenos de menor valor.

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