El capitalismo narco

Ofensiva de EEUU

Lunes 20 de agosto de 2012

¿Hay una guerra contra el narcotráfico en las Américas o es una excusa –o un plan- para expandir la frontera del capitalismo extractivista? La periodista canadiense Dawn Paley sondea por debajo de la superficie de la guerra contra las drogas en Colombia y México, explora los mecanismos empleados, cuantifica la devastación humana y económica, y analiza las posibles razones por las que la guerra continúa.

Imagen de una frontera herida. Caravana por la Paz en Estados Unidos, agosto 2012.Imagen de una frontera herida. Caravana por la Paz en Estados Unidos, agosto 2012. Sari Dennise

Por Dawn Paley

Tanto en los Estados Unidos como en Canadá ha habido esfuerzos sostenidos de grupos de base para destacar las injustas encarcelaciones en masa y la criminalización de la gente pobre, sobretodo la gente pobre de color, en cuanto a detenciones relacionadas con drogas. Pero se ha encontrado muy poco análisis sobre las razones detrás de los mecanismos de esta guerra y el impacto económico que tiene sobre México y más allá.

Incluso antes de que las invasiones de Irak o Afganistán se hubieran realizado, los Estados Unidos ya estaban involucrados en una serie de conflictos desde la frontera norte de México hasta Perú. Tanto los gobiernos como los medios de comunicación la han catalogado como la “Guerra contra las drogas”. Es importante examinar cómo la creciente “Guerra contra las drogas” se conecta con la expansión de empresas transnacionales que toman control de mercados, obreros y recursos naturales.

En Honduras cuatro indígenas fueron asesinados a balazos en mayo, cuando la policía hondureña abrió  fuego desde un helicóptero del Departamento de Estado estadounidense, todo bajo la supervisión de agentes uniformados de Estados Unidos. En México con la orientación de Estados Unidos, Canadá, Israel y Colombia, la policía y el ejército han sido transformados.

En Colombia la guerra ha durado ya cuatro décadas y se han gastado billones de dólares estadounidenses, pero ahora se está calificando como “lucha contra el crimen”. Durante la década de los ochenta, el Estado colombiano se convirtió en un estado paramilitarizado, en un proceso que según el historiador Germán Alfonso Palacio Castañeda “se manifiesta con amenazas, atentados y asesinatos selectivos y masacres colectivas de funcionarios gubernamentales (principalmente pero no exclusivamente de la izquierda), y de líderes políticos populares, obreros, campesinos, profesores, activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones no gubernamentales”.

En la forma de financiación para programas antinarcóticos, la asistencia de EEUU en Colombia resultó en el fortalecimiento de grupos paramilitares y de policías no oficiales, los cuales, según informes, patrullaban junto al ejército de Colombia y se vieron involucrados en la gran mayoría de masacres y desplazamientos forzados en el país.

“Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo”, comentó Noam Chomsky en un discurso en el mes de mayo. “Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr. ¿Cuáles son las intenciones probables?”.[1]

Los comentarios de Chomsky apuntan hacia un área urgente de investigación para los y las activistas y periodistas que desean entender las guerras actuales contra las drogas. Cada vez es más claro que hay mucho trabajo por hacer para reconstruir juntos los motivos de la militarización liderada por Estados Unidos en las Américas.

Una reconsideración de la llamada guerra contra las drogas requiere entre otras cosas una evaluación de la forma en que ha favorecido la expansión de la inversión extranjera directa y de las industrias extractivas en Colombia, México y Centroamérica.

La guerra, cuando los golpes no bastan

“Así es como se sentía el inicio del neoliberalismo”, dice Raquel Gutiérrez, reflexionando sobre lo que es tratar de entender la guerra en curso en México. Ahora catedrática de la Universidad Autónoma de Puebla, Raquel era militante clandestina en Bolivia a mediados los años 80, cuando las primeras políticas neoliberales tuvieron efecto en aquel país creando una pauperización de la clase obrera. Han pasado 10 años desde que regresó a México.

Raquel se detiene y da una pitada a su cigarrillo, como si tratara de recordar un idioma que ha olvidado. No viene. Luego me pregunta si he leído el libro de Naomi Klein La doctrina del shock. Asiento con la cabeza. Silencio. “La cosa es que en México, los choques no funcionaron”, dice ella.

No es por una escasez de choques. Las políticas económicas neoliberales se introdujeron por primera vez en forma de programas de ajuste estructural. Esto puso fin a un período de crecimiento económico sostenido, la industrialización de sustitución de importaciones, y los altos precios del petróleo conocido como el milagro mexicano.

“De 1980 a 1991, México recibió trece préstamos de ajuste estructural del Banco Mundial, más que cualquier otro país”, escribió Tom Barry en su libro La venganza de Zapata, publicado en el 1995. “También se firmaron seis acuerdos con el FMI, todo lo cual trajo una mayor presión para liberalizar el comercio y la inversión”.[2]

En la década de 1980, a veces llamada la “década perdida”, se derrumbaron los precios del petróleo, junto con el peso. “De más de mil empresas estatales en 1983, el estado mexicano era dueño de 200 en 1993. En 1991, el programa mexicano trajo más dinero a las arcas del gobierno (USD 9.4 mil millones) que todas las ventas de otras empresas públicas en América Latina en conjunto”.[3] A finales de 1994, México había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fue testigo del levantamiento zapatista, además de ser sometido a otra devaluación de la moneda.

Las políticas económicas neoliberales se introdujeron por primera vez en forma de programas de ajuste estructural. Esto puso fin a un período de crecimiento económico sostenido, la industrialización de sustitución de importaciones, y los altos precios del petróleo conocido como el milagro mexicano.

Pero a la vuelta del siglo XXI, el territorio y la economía de México todavía no estaban totalmente abiertos a los inversionistas extranjeros. “No obstante estas reformas, el desempeño de la economía mexicana en las últimas tres décadas ha sido insatisfactorio”, anotaba un informe publicado a principios de este año por el Banco de México.[4]

Las comunidades campesinas e indígenas continuaron ejerciendo el título comunal sobre las tierras ricas en recursos. Una gran clase media es propietaria de las pequeñas empresas y las familias más ricas de México han mantenido el control sobre los sectores lucrativos de la economía. De acuerdo con el departamento de Estado de EEUU las 10 familias más ricas de México “no son el único obstáculo para la mejora de la competencia en la economía mexicana”. Pemex, la 17ª mayor empresa petrolera del mundo, sigue en manos del Estado.[5]

Algo más que un choque económico estaba a la orden: una estrategia integral que ya está probada que aumente la inversión extranjera directa. Tenía que asegurarse de que la policía local, el ejército, y todo el sistema jurídico funcionara de acuerdo a las normas estadounidenses. Esta es la estrategia que coloquialmente se conoce como la guerra contra las drogas.

Desde la presidencia de Nixon, el gobierno de EEUU ha invertido casi un billón de dólares [6] en la “guerra contra las drogas” en países como Colombia y Afganistán. Los vínculos directos entre las políticas de combate a las drogas y el clima de mejora de la inversión se revelan a través de un examen cuidadoso de la participación de EEUU en Colombia desde 2000 hasta 2006. La estrategia se ha perfeccionado y ampliado en las últimas dos décadas a través de la experimentación a nivel nacional e internacional.

El modelo económico de Colombia

El Plan Colombia fue un programa de seis años de lucha antinarcóticos financiado conjuntamente por los Estados Unidos y Colombia. Diplomáticos no estadounidenses afirman que el primer borrador del Plan Colombia fue escrito en inglés, y luego traducido al español.[7]

En los 11 años que han pasado desde que se puso en marcha el Plan Colombia, el gobierno de EEUU ha gastado más de 3.6 millones de dólares en iniciativas de aplicación de la ley contra los narcóticos. Sin embargo, el gobierno de los EEUU informa que “Colombia sigue siendo uno de los mayores productores y exportadores mundiales de la cocaína, así como un país de origen de heroína y marihuana”.[8]

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En 2008 la Oficina de Contabilidad del Gobierno de los EEUU (GAO, por sus siglas en inglés) encontró que Plan Colombia no cumplió con los objetivos de reducción de la producción de drogas, ya que el flujo estimado de cocaína hacia los Estados Unidos desde Sudamérica aumentó entre 2000 y 2006.[9]

En lugar de que esto fuera una causa para un cambio en la estrategia, el fracaso del Plan Colombia se minimizó en favor de una serie de indicadores emergentes vinculados a la seguridad y a mejorar el entorno empresarial. Bradford Higgins, Subsecretario de Gestión de Recursos de EEUU, argumentó: “En muchos sentidos, los programas de Colombia y el apoyo de EEUU han evolucionado a partir de nuestro enfoque original más estrecho, hacia una estrategia integral que puede servir como modelo para informar esfuerzos en otros estados fallidos o deficientes”.[10]

Esfuerzos previos de Estados Unidos para hacer cumplir las sanciones relacionadas con narcóticos en Colombia impactaron negativamente las inversiones de Estados Unidos. El Consejo de Empresas de América —un consorcio de empresas estadounidenses en Colombia— informó que en 1996 sus empresas afiliadas perdieron 875 millones de dólares estadounidenses debido a las sanciones.[11] Ese mismo año el Departamento de Estado informó sobre las sanciones requeridas por la Overseas Private Investment Corporation y el Banco de Exportación e Importación resultaron en la congelación de cerca de $1.5 mil millones en créditos de inversión y préstamos. Esto incluyó una pérdida de $280 millones para una empresa de EEUU activa en la industria petrolera de Colombia.[12]

De acuerdo con un informe elaborado por el gobierno colombiano, los objetivos del Plan Colombia son “promover las condiciones para la generación de empleo y la estabilidad social” y la ampliación de “las preferencias arancelarias en compensación por los efectos negativos del tráfico de drogas para favorecer un acuerdo de libre comercio que amplíe las oportunidades de empleo”.[13]

Al comienzo del Plan Colombia, el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) fue calculado en $2.4 mil millones.[14] En 2011, la IED en Colombia sumó $14.4 mil millones, la tasa de crecimiento más rápida en América Latina.[15] El petróleo y el gas constituyen una parte cada vez más importante de la IED, al sobrepasar alrededor de una décima a mediados de los 90 a casi un tercio en 2010, cuando alcanzó los $ 4.3 mil millones.[16]

Un decreto aprobado en 2003 permitió a la inversión privada en el sector petrolero de Colombia a través de la privatización parcial de la ex empresa estatal Ecopetrol.[17] A partir de 2010 la IED en el sector minero (incluyendo la minería de carbón) se situó con más de $2 mil millones, lo que representa más de la mitad de la inversión no petrolera.[18]

En 2008, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se jactó de que “el despegue económico de Colombia después de 2003 no ocurrió por casualidad”. Cincuenta y dos áreas del sistema económico de Colombia fueron objeto de reforma, y bajo el Plan Colombia, “USAID proporcionó asistencia técnica para ayudar a diseñar e implementar políticas que van desde la reforma fiscal hasta el fortalecimiento del sector financiero y mejorar el entorno para las pequeñas empresas, y muchos otros”.[19]

Esto se logró mediante una combinación de reformas legales e incentivos fiscales, la firma de nuevos acuerdos de libre comercio (entre Colombia y los Estados Unidos, así como entre Colombia y Canadá) y la militarización de la industria extractiva. EEUU entrenó “batallones de energía” para proteger oleoductos, carreteras y otros proyectos de infraestructura.

Desde la perspectiva del Departamento de Estado, el Plan Colombia no es un fracaso. Todo lo contrario: se ha permitido la creación de un nuevo modelo eficaz para la intervención de EEUU.

Un informe preparado en 2007 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales [20] afirmó que Colombia “tuvo una recuperación fuerte… con impresionantes tasas de crecimiento, reducción del desempleo, aumento de los niveles de inversión, expansión del comercio, reducción de la inflación y un aumento de la confianza de los inversores”. Estos beneficios, según informa, “están estrechamente vinculados a mejoras en cuanto a la seguridad y, a su vez, ayudarán a crear más empleos en la economía legítima, como una alternativa a las actividades ilegales”.

Desde la perspectiva del Departamento de Estado de EEUU, el Plan Colombia no es un fracaso. Todo lo contrario: se ha permitido la creación de un nuevo modelo eficaz para la intervención de EEUU. En 2010 los inversionistas extranjeros más grandes de Colombia eran Panamá y Anguila (un territorio británico de ultramar), ambos paraísos fiscales, seguidos por Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bermuda y España.[21]

“La contrainsurgencia es una forma muy compleja de la guerra… El logro de estos objetivos requiere la sincronización de esfuerzos de muchas agencias no militares y agencias [de la Nación Anfitriona] en un enfoque integral”, se lee en un manual de contrainsurgencia del ejército estadounidense publicado en 2006.[22]

Incluso el director de asuntos internacionales y comercio de la GAO, en su testimonio ante la Cámara de Representantes, afirmó que “los programas internacionales se enfrentan a retos importantes en la reducción de la oferta de drogas ilegales, pero apoyan a los objetivos generales de la política exterior estadounidense”.[23]

Pero, como han señalado Gian Carlo Delgado-Ramos y María Silvina Romano, en la guerra contra las drogas “la estrategia es compleja y peligrosa, ya que vincula una multiplicidad de actores aparentemente opuestos, legales e ilegales que, sin embargo reciben beneficios en forma de aumento de potencia o riqueza”. Al mismo tiempo, está claro que “la explotación de las personas, las naciones y los recursos se profundiza en la región”.[24]

 

Aplicación del modelo en México

Un viernes en septiembre de 2006, justo después de su disputada elección como presidente, Felipe Calderón y su esposa invitaron a cenar a Antonio Garza, entonces embajador de EEUU, y su esposa. En algún momento, Calderón le dijo al embajador que la mejora de la seguridad sería una parte clave de su administración.

Cuando Garza presentó su resumen por escrito de la noche a sus jefes del Departamento de Estado, incluyó comentarios de Calderón. De acuerdo con sus propias notas, el embajador respondió: “Las ganancias en la competitividad, la educación y el empleo podrían ser rápidamente eclipsadas por cuadrillas del crimen organizado relacionadas con narcóticos”.[25] Para poner en marcha la economía de México, “los extranjeros y mexicanos por igual merecen que se les asegure que la ley prevalecerá”.[26]

Apenas dos meses más tarde, Calderón lanzó la guerra contra las drogas en México. Al año siguiente, los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron la Iniciativa Mérida, que se describe como “un paquete de los EEUU contra las drogas y la asistencia contra el crimen en México y Centroamérica”.[27] En el momento en que fue firmada por George W. Bush en 2008, lo que dijo Garza de pelear contra los narcos con el fin de impulsar el negocio quedó en el olvido. En cambio, la principal justificación para que los legisladores apoyaran el proyecto de ley era detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.[28]

La “estrategia integral” de Mérida incluye fondos para el entrenamiento de policías y soldados para proteger la infraestructura crítica, la militarización de la policía y equipamiento de las fuerzas de seguridad locales con el equipo de EEUU, la transformación del sistema judicial mexicano, la modernización de la frontera…

Tanto el gobierno de los EEUU como los críticos coinciden en que la Iniciativa Mérida en México y Centroamérica es una iteración refinada del Plan Colombia. “Sabemos que Estados Unidos ha apoyado a Colombia y ahora a México para que con un buen liderazgo, la inversión proactiva y asociaciones comprometidas se cambie el rumbo”, dijo Hillary Clinton a los delegados a la Conferencia de Seguridad de Centroamérica en la ciudad de Guatemala el pasado verano. [29]

El financiamiento de EEUU para la Iniciativa Mérida entre 2008 y 2010 sumó $1.3 mil millones para México, cuyo gobierno contribuyó con fondos en una proporción de 13 a 1.[30] Los fondos de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central que fluyen hacia Centroamérica durante el mismo período se situaron en $248 millones, mientras que de  los fondos de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, $42 millones se destinaron a Haití y a la República Dominicana.[31]

La “estrategia integral” de Mérida incluye fondos para el entrenamiento de policías y soldados para proteger la infraestructura crítica, la militarización de la policía y equipamiento de las fuerzas de seguridad locales con el equipo de EEUU, la transformación del sistema judicial mexicano a un sistema de estilo juicios orales, la modernización de la frontera México-Estados Unidos y la promoción de fortalecimiento institucional y la reforma económica.

Uno de los objetivos del programa de USAID es que el “Gobierno de México se vuelva más eficaz en la reducción de los monopolios y la eliminación de prácticas anticompetitivas”.[32] Se centra en la legislación relacionada con las telecomunicaciones, la banca y la regulación de la energía. Otro objetivo importante es promover un nuevo régimen regulatorio y la privatización adicional, la desregulación y la inversión extranjera directa en los sectores de transporte, financiero, energético y de telecomunicaciones.[33]

Junto con la Comisión Federal de Electricidad, Pemex es la perla más preciada del esfuerzo de privatización. Muchos mexicanos prominentes han abogado por su privatización, entre ellos Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Algunos, como el jefe de la Bolsa Mexicana de Valores, han propuesto utilizar como modelo la reforma de Colombia en el sector petrolero.[34]

En una presentación en marzo de 2012, un representante del Banco de México habló sobre la agenda de reformas pendientes para el banco central del país. Esto incluye la mejora de la facilidad con que las empresas puedan hacer negocios en México, la eliminación de “obstáculos legales,” que impiden la flexibilidad laboral, “fortalecimiento del estado de derecho,” y la consolidación de las políticas macroeconómicas.[35]

En 2008, antes de que la crisis financiera se extendiera a México, la IED alcanzó $23.2 mil millones, pero cayó al año siguiente a $11.4 mil millones de dólares.[36] Sin embargo, la IED se ha recuperado, y en 2011 se situó en $19.43 mil millones, principalmente en el sector manufacturero (44,1%), seguido por servicios financieros (18%) y minería (8%).[37] Anuncios recientes indican que habrá una oleada de nuevas inversiones en automóviles y la fabricación aeroespacial en el centro de México.

El Ministro de Finanzas de México, Bruno Ferrari, dijo a Bloomberg en una entrevista en inglés en agosto de 2011: “hoy en día lo que estamos viendo es que estamos teniendo una gran lucha contra la delincuencia de manera que, como he dicho, [se] garanticen las inversiones futuras y las inversiones que se tienen en este momento porque lo que estamos viendo es que México está luchando para prevalecer contra la delincuencia”.[38]

Las aseveraciones de Ferrari están respaldadas por las experiencias de la élite empresarial transnacional. De acuerdo con un artículo de portada de Business Week en 2009, [39] los ataques contra personal extranjero y de las fábricas han sido poco frecuentes en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas a lo largo de las rutas del narcotráfico, incluyendo Reynosa, Nuevo Laredo y Tijuana.

La policía ya ha sido entrenada con instrucciones especiales para atender a las empresas transnacionales. Tras el secuestro de un ejecutivo de una empresa, la policía sugirió a sus administradores que alteraran sus rutinas de trabajo; que dejaran Juárez antes de la puesta del sol, y que se adhirieran a las dos arterias principales. Las patrullas fueron reforzadas a lo largo de estos caminos, “creando corredores relativamente seguros entre la frontera y los parques industriales”.[40]

Aún de mayor importancia es otro tipo de seguridad que necesitan las empresas transnacionales. Como subrayó el director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “lo que es importante para un inversionista en cuanto a la seguridad tiene que ver con la seguridad jurídica y el riesgo en el país”.[41]

Esta noción de “seguridad” evoca el modelo de Colombia: la paramilitarización al servicio del capital. Ese modelo incluye la formación de escuadrones de la muerte paramilitares, el desplazamiento de la población civil, y un aumento en la violencia. En el sector comercial, son los y las trabajadores, las pequeñas empresas y un sector de las élites locales, quienes son los más afectados por las políticas de la guerra contra las drogas.

Aunque estos aspectos no oficiales de la guerra contra las drogas se presentan a veces como daño o amenaza a la inversión extranjera directa, de hecho, es la violencia la que controla a los y las trabajadores y desplaza comunidades campesinas de los territorios de interés para la expansión de las empresas transnacionales.

El otro lado del modelo colombiano

Durante generaciones, las comunidades indígenas y campesinas en Colombia habían defendido el título colectivo de sus tierras, sin embargo, los grupos paramilitares los han obligado a huir.

Este fenómeno es descrito brevemente por David Maher y Andrew Thompson: “…las fuerzas paramilitares siguen avanzando en un proceso de acumulación de capital a través del desplazamiento forzado de comunidades en zonas de importancia económica. Una gran parte de los ciudadanos de Colombia siguen abandonando sus tierras ya que son desplazados por la fuerza de sus hogares, satisfaciendo el apetito voraz de corporaciones multinacionales extranjeras (principalmente de Estados Unidos) para el territorio colombiano, a la vez que se arraiga el programa económico neoliberal en la sociedad colombiana”.[42]

En 2001, los paramilitares fueron responsables de la mitad de los desplazamientos forzados en Colombia. Los grupos de guerrilla causaron 20% de los casos, y tanto los paramilitares como la guerrilla, otro 22%.[43] “Los grupos paramilitares no sólo tienen la mayor parte de la responsabilidad, sino que también son más eficaces en la instigación de desplazamiento”.[44]

En Colombia, la paramilitarización es también beneficiosa para las empresas transnacionales que desean disuadir a la organización sindical: “Como parte del prolongado apoyo para la campaña de contrainsurgencia, la violencia paramilitar-estatal mantienen como objetivo sistemático a los grupos civiles, tales como las organizaciones sindicales, que se consideran una amenaza para la política económica y la ‘estabilidad’ que favorezca el desarrollo neoliberal de Colombia. Esto ha convertido a Colombia en un lugar atractivo para la inversión extranjera, pues las malas condiciones laborales y los bajos salarios mantienen altos los índices de ganancia”.[45]

Los bien documentados casos de la bananera Chiquita Brands, la minera Drummond, y el gigante del petróleo BP, han examinado vínculos entre grupos paramilitares y empresas transnacionales de Estados Unidos.[46] En marzo de 2007 en una corte de  Washington, DC, representantes de Chiquita Brands se declararon culpables por haber efectuado pagos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).[47]

“Chiquita realizó más de 100 pagos a las AUC con un valor de más de $ 1.7 millones”, según el Departamento de Justicia de EE.UU. “Chiquita Brands pagó dinero manchado de sangre a los terroristas como Carlos Castaño para proteger sus propios intereses financieros”, según la firma de abogados que representa a las víctimas.

La experiencia (hasta ahora)

La colusión directa entre las transnacionales estadounidenses y los grupos paramilitares es en general difícil de probar, y cuando las pruebas surgen es probable que no se descubran rápidamente.

Pero ya sabemos que a un grupo de compañías de Texas se les acusa de complicidad con los Zetas para importar ilegalmente combustibles robados.[48] (Los Zetas son el brazo armado del Cártel del Golfo, que opera en el noreste de México. Los dos grupos se dividieron en 2010, y desde entonces los Zetas se han convertido esencialmente en un grupo narco-paramilitar, a pesar de que en los medios de comunicación se refiere a ellos como un cártel de drogas.)

“Los Zetas son una fuerza paramilitar”, eso me dijo el Dr. William Robinson, autor de Una teoría del capitalismo global, en una entrevista realizada el verano pasado. “Básicamente se trata de la creación del paramilitarismo junto con la militarización formal, lo cual es un modelo colombiano”.

Los Zetas están activos en varias partes de México, particularmente Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, y también tienen la culpa por las masacres en el estado mexicano de Jalisco y en el Petén, Guatemala. Aunque no son el único grupo paramilitar en México, son el que sin duda recibe la mayoría de la atención por parte de los medios de comunicación.

“Hay que tener en cuenta que Santos, el Presidente colombiano, al igual que [el presidente guatemalteco Otto] Pérez Molina, quiere ampliar el Plan Colombia, que no sólo significa el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, sino también en realidad significa convertirlo en una forma de paramilitarismo a fin de generar un nuevo tipo de contrainsurgencia, no en contra de los movimientos sociales, sino en contra de las comunidades indígenas”, dijo Máximo Ba Tiul, un analista Maya Poqomchi y profesor radicado en Guatemala.

Si bien existe una vacilación por parte de los periodistas para vincular la cobertura de la “guerra contra las drogas” con las luchas en torno a los recursos naturales, hay una creciente lista de lugares donde este tema —y las lecciones de la guerra de EEUU en Colombia— se pueda explorar.

Los residentes de Ciudad Mier, una pequeña comunidad en Tamaulipas, salieron en masa a causa de la violencia paramilitar. La ciudad se encuentra en lo alto del campo de gas más grande de México, al igual que una gran parte del violento estado.

En el Valle de Juárez, considerado el lugar más peligroso en México, los asesinatos y las amenazas han obligado a muchos a abandonar el lugar. A la vez, se está construyendo un nuevo cruce fronterizo entre los EEUU y México.

En Santa María Ostula, una pequeña comunidad indígena nahuatl en la costa de México, por lo menos 28 personas han sido asesinados (y otros cuatro han desaparecido) por la violencia paramilitar y estatal desde 2009. Estratégicamente ubicado, su territorio se encuentra en una zona rica en minerales.

En la Sierra Madre en el norte de México, las empresas mineras canadienses operan en áreas en las que incluso funcionarios del gobierno temen entrar a causa de la presencia de narcotraficantes armados.

En el Petén, Guatemala, debido a la presencia de los Zetas los funcionarios del gobierno militarizaron la zona y declararon un estado de sitio de ocho meses que concluía a principios de 2012. Anuncios recientes indican que una nueva fiebre del petróleo está teniendo lugar en la misma región.

La paramilitarización también puede afectar a los capitalistas locales, regionales e incluso nacionales relacionados con la economía nacional, obligándoles a cerrar sus tiendas y negocios. Esto, a su vez, abre el espacio para que las empresas transnacionales y los inversionistas obtengan acceso a los sectores de la economía anteriormente dominada por los capitalistas locales.

“Las empresas mayormente afectadas por la violencia son las más pequeñas y aquellas ubicadas en los estados del norte de México”, escribe Guadalupe Correa Cabrera, un profesor de la Universidad de Texas en Brownsville. “La inseguridad perjudica en mayor medida a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes debido a que el crimen organizado “tiene más facilidad de penetración con ellos, que con los directivos de empresas grandes los cuales, en muchos casos, operan desde fuera del país”.[49]

De acuerdo con la Coparmex, una asociación empresarial mexicana, 160.000 empresas cerraron debido a la inseguridad durante el 2011. (50) “Hay una reconversión de la economía que tiene lugar a nivel nacional que está favoreciendo a [las grandes empresas], y está haciendo que [los mexicanos] sean convertidos en empleados en lugar de ser empresarios,” dijo Correa Cabrera durante una presentación en Baja California Sur en febrero.

Los precedentes en Colombia y los actuales acontecimientos en otros lugares sugieren posibles áreas para la profundización de la investigación con el fin de determinar mejor en qué medida México y Centroamérica están siendo sometidas a un modelo en el cual, como informan David Maher y Andrew Thomson, el terror paramilitar “…siga teniendo un papel decisivo en la creación y el mantenimiento de las condiciones propicias para la expansión del programa neoliberal, tales como los bajos costos laborales y el acceso a la tierra…”[51]

El aumento de estudio e investigación de las nuevas políticas económicas alentadas por las políticas antinarcóticos de los Estados Unidos podría ayudar a revelar la magnitud de la transformación económica que se ha iniciado en México y Centroamérica.

Las recientes elecciones en México no prometen alivio del horror y la violencia de la guerra, que lo más probable continuará durante al menos otros seis años. “Todos los aspirantes a la presidencia propondrán continuar o intensificar la guerra contra los mafiosos”, según un artículo recién publicado en The Economist.[52]

Sin una mejor comprensión, las discusiones sobre la guerra en México podrían permanecer restringidas dentro de la retórica de la prohibición de las drogas frente a su liberalización. Este tipo de debate es totalmente erróneo como medio para denunciar y movilizar resistencia a la “guerra contra las drogas”, que se trata de implementar mayor control social y territorial sobre las tierras y las personas, en el interés de la expansión capitalista.

 http://otramerica.com/temas/el-capitalismo-narco/2292

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